El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, rechaza cualquier carácter revanchista en la ya conocida como ley de la memoria histórica -denominación abreviada dada al largo título de la 'ley por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura'- y, tras recordar que la normativa se refiere a los dos bandos de la contienda, afirma que «el franquismo ya honró adecuadamente durante 40 años a las víctimas de su propio bando; faltaba ese gran acto de reconciliación con ese otro importante colectivo de personas que ni siquiera estaban reconocidas», lo que trata de paliar la ley».

En una entrevista concedida a EL COMERCIO, el presidente asturiano asegura sentirse «muy orgulloso de haber contribuido a lo largo de mis doce años al frente del Ayuntamiento de Gijón a eliminar los símbolos negativos del pasado y hacerlo desde una perspectiva de normalidad democrática», uno de los objetivos que, según él, persigue la nueva ley y que «desde posiciones políticas como las que defiende el Partido Popular se pretende descalificar atribuyéndole un carácter revanchista y de rencor».

El presidente asturiano rechaza la posibilidad de que la norma aprobada la pasada semana por el Consejo de Ministros pueda ser «motivo de enfrentamiento entre los asturianos». «Al contrario, lo que pretende es cerrar las heridas del pasado de una manera definitiva, aprovechando que existe una distancia temporal suficiente de los acontecimientos», añade.

«Resistencia ideológica»

Sobre la resistencia de algunos ayuntamientos asturianos a aplicar la retirada de los símbolos franquistas de sus calles, Areces asegura que «es una resistencia motivada por una adscripción ideológica concreta y por una coyuntura política en la que al PP le interesa demostrar que lo que se busca es revivir el pasado y provocar crispación», algo que, a su juicio, «en absoluto se corresponde con el objetivo de la ley».

Por contra, el presidente asturiano se remite a sus tres mandatos como alcalde de Gijón para mostrar que la remoción de «esos símbolos negativos del pasado» pueden hacerse desaparecer en un clima de absoluta normalidad. Al respecto, asegura que ese proceso «lo hicimos sin ningún tipo de resistencia y sin provocar rechazo ciudadano alguno». Como ejemplo, Areces recuerda que «algunas familias de personas que estaban significadas en esas placas entendieron sinceramente el significado del cambio; algunas, incluso, me las pidieron como recuerdo y se las di con mucho gusto. Esa es la mejor muestra de cómo se pueden hacer las cosas sin que un proceso de estas características se pueda interpretar en términos de revancha».

El mandatario autonómico admite que «muchos de aquellos vestigios, de manera similar, han ido desapareciendo y lo que la ley de la memoria histórica permite es completar ese proceso». Sin embargo, a su entender, no es éste el aspecto más importante de la nueva norma, sino su objetivo de reconocimiento a las víctimas de la guerra civil y a los represaliados del franquismo. Como muestra gráfica de esta meta, Areces cita su experiencia personal al recorrer Asturias. «Todavía veo muchos hogares en los que quedan pervivencias de aquella situación, por ejemplo, fosas comunes donde están enterrados luchadores por la libertad que fueron fusilados». Los familiares -añade- «tienen recuerdos absolutamente imborrables y lo único que muestran no es rencor, ni reclaman justicia, sino que se honre a las víctimas, y la mejor manera de hacerlo es reconocerlas», algo que -asegura- es el verdadero objetivo de la ley de la memoria histórica».

Problemas «pendientes»

«Hay que vivirlo para ver lo que significa para muchas personas de esta región ese reconocimiento, que ahora se pueda honrar a sus familiares que fueron borrados del mapa, que no tuvieron la oportunidad ni de enterrar», explica el mandatario autonómico. «Para la vida de esta gente -añade- reparaciones como ésta son muy importantes y, por tanto, permiten consolidar un futuro sin rencor».

Sobre la oposición de los dirigentes populares, el presidente asturiano les recuerda que ese reconocimiento que persigue la ley de la memoria histórica es necesario «y todo lo que sea dejar problemas pendientes, obliga a que en algún momento haya que abordar su solución».

Apela también reces al aval que para le ley son los antecedentes de resoluciones aprobadas unánimente en la comisión Constitucional del Congreso de los Diputados sobre «reconocimiento moral a los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil». También rechaza que la normativa aprobada la pasada semana por el Consejo de Ministros trate de «someter a una revisión histórica el periodo franquista. Ese es un análisis que deben hacer los historiadores, y no los políticos».