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Madrid
Todos los grupos del Congreso acordaron ayer por unanimidad una
resolución de condena al franquismo y de reconocimiento moral de las
víctimas de la guerra civil y del régimen de Franco, e instaron al
Gobierno a poner en marcha de forma urgente una política de protección
económica y social de los exiliados. Ayer se cumplieron 27 años de la
muerte del dictador.
El acuerdo, alcanzado en el seno de la Comisión Constitucional de la
Cámara baja, incluye una «condena y repulsa» del uso de la violencia
«para imponer convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios
contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos».
Los grupos parlamentarios, cuyos portavoces destacaron que este acuerdo
se produce veintisiete años después de la muerte de Franco, incluyen en
la resolución que este esfuerzo de reconocimiento no debe servir «para
reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación
civil».
El texto final es el resultado de la negociación de todos los grupos en
torno a las iniciativas presentadas por PSOE, IU y Eusko Alkartasuna
(EA) y de la enmienda presentada por el PP a las mismas y debe suponer,
según el portavoz de este grupo en el debate, Manuel Atencia, el «punto
final del rosario de iniciativas parlamentarias sobre esta cuestión».
La resolución se estructura en cuatro puntos: la condena del uso de la
violencia para imponer ideas políticas, el mantenimiento del espíritu de
concordia y reconciliación que supuso la Constitución de 1978, el
reconocimiento de las víctimas y el apoyo institucional a las
iniciativas para recuperar su memoria y el impulso de ayudas a los
exiliados.
Respecto a esta última cuestión, se incluye por primera vez a los
denominados «niños de la guerra», que hasta ahora no son considerados
oficialmente exiliados, y se apuesta, además de por la protección
económica y social, por iniciativas como la recuperación, en su caso, de
la nacionalidad española y el reconocimiento del derecho de voto.
Otro de los puntos destacados es el apoyo institucional a las
iniciativas destinadas a la exhumación de cadáveres no identificados de
la guerra civil y la posguerra, que yacen en fosas comunes por todo el
territorio español y que los expertos cifran en cerca de 30.000. La
forma en que se recoge en la resolución final parte del «deber de la
sociedad democrática» de proceder al reconocimiento moral de «todos los
hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil, así como de
cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista».
«Instamos -señala el texto- a que cualquier iniciativa promovida por las
familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo
en el ámbito local, reciba el apoyo de las instituciones, evitando, en
todo caso, que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo
de la confrontación civil». |
